Por: Daniel Francisco López Naranjo
En las políticas públicas, lo que parece una “mera” exigencia burocrática puede ser en realidad un mensaje político. Los formularios largos, las filas interminables o los requisitos innecesarios no son errores neutros de diseño: son cargas administrativas, y tienen consecuencias reales sobre quién accede al Estado y cómo lo hace.
Un reciente estudio sobre México muestra que estas cargas no afectan por igual a toda la población, ni son toleradas de la misma manera. Las personas que se identifican con la derecha tienden a aceptar con mayor facilidad la existencia de barreras burocráticas. Quienes se identifican con la izquierda, en cambio, demandan un acceso más sencillo, directo y universal a servicios y beneficios públicos. Pero hay un giro interesante: la experiencia directa con el Estado —como beneficiario o contribuyente— reduce la tolerancia a las cargas, sin importar la ideología.
Este hallazgo tiene implicaciones relevantes para gobiernos, diseñadores de política y actores que buscan fortalecer el Estado desde lo local. Las cargas administrativas pueden reproducir desigualdades o convertirse en instrumentos de exclusión silenciosa. Pero también pueden usarse para lo contrario: simplificar el acceso, mejorar la confianza ciudadana y diseñar mejores encuentros entre personas y burocracias.
Desde Governa, creemos que la lucha contra las cargas administrativas es una lucha por el acceso real a derechos. Reducirlas no es solo una medida técnica: es una decisión política con impacto estratégico. Un municipio que facilita el acceso a apoyos o un departamento que digitaliza trámites clave puede estar, sin saberlo, facilitando el acceso a los derechos de la ciudadanía.
Si el Estado se vive en la fila, en el papel, en la espera, entonces vale la pena preguntarse:
¿Qué política estamos haciendo cuando diseñamos un trámite?
¿A quién estamos beneficiando o afectado cuando se diseña un trámite?
Consulta el estudio completo aquí